Avisos de líos por parte de los liantes

FÉLIX OVEJERO en ABC

Muchos de quienes apoyaron el editorial conjunto de los periódicos catalanes negaron que constituyera una presión o coacción al Tribunal Constitucional. Se equivocaban, al menos para la teoría del lenguaje, curso primero. Una amenaza es un «argumento» muy especial. Se sostiene a pulso, en su propia invocación. No proporciona razones o las proporciona de manera esquinada. La «razón» básica, aunque no la única, para atenderla es el hecho mismo de que quien la esgrime advierte de que si no se le hace caso actuará de determinada manera. Si un editorial de este periódico afirma que «Estados Unidos podría responder si se siente provocado» está emitiendo una opinión más o menos argumentada, más o menos avalada por datos y razones. Si quien lo dice es Obama no estamos ante una opinión, sino ante una amenaza. El paso de la tercera persona a la primera convierte a la opinión en una coacción y ese paso estaba atado a la decisión misma de firmar un editorial colectivo. No era un editorial de un periódico que los demás aprobaban, sino un editorial que firmaban periódicos catalanes en tanto que catalanes y que hablaba, desde la primera línea, en nombre de la sociedad catalana, de una sociedad catalana que por medio del texto nos avisaría de lo que puede pasar si no se atienden sus requerimientos. Así las cosas, resultaban inevitables la prosa enaltecida y los sujetos imposibles, que empezaban, aunque no acababan, con la apelación a «La dignidad de Cataluña». Dignidad nacional, supongo.
Otra cosa es que la amenaza resulte creíble, que tenga fundamento. ¿A nadie le llama la atención que mientras los catalanes nos mostramos indiferentes -el único desapego perfectamente identificado- a los problemas de nuestros políticos, y sobre esto sobran los datos bien contrastados, la «sociedad civil catalana» se agite y, prietas las filas, suscriba proclamas como las recogidas en el editorial? (Para las dudas, véase, por ejemplo, el trabajo de Martínez-Herrera y Thomas Milley, "The Constitution and the politics of nacional identity in Contemporary Spain", a punto de aparecer en Nations and Nationalism), que confirma el sólido, y creciente, apoyo de los catalanes al pacto constitucional del 78, más allá de la «desafección» de sus élites políticas).
Algún día habrá que preguntar a la llamada «sociedad civil catalana» lo que ya deberíamos haber preguntado a la identidad: «¿hay alguien ahí?». Alguien más, claro, que los que pasan lista a los abajo firmantes y el que reparte las regalías, que vienen a ser los mismos. Que ese singular ecosistema es impermeable a lo que dice -o calla- la sociedad real catalana lo confirman sus lecturas eufóricamente nacionalistas de los resultados del reciente «referéndum», lecturas que deben estar haciéndose estremecer en su tumba a Galton y Pearson, los fundadores de la estadística social. A pesar del fracaso, al día siguiente, y desde entonces sin tregua, una batería de comentaristas, impermeables a la evidencia empírica, avisaban de que la larga marchar era imparable. Pierden por 10 a 0, pero ellos siguen haciendo la ola, como si tal cosa. Ateniéndose al guión.
Anticipo que no son pocas las perversiones del ideal democrático que andan por detrás de lo que está pasando con esa sociedad civil que responde a toque de pito. Algunas bastante inmediatas. Se imaginan que como presidente de mi comunidad de vecinos, elegido para cambiar las bombillas y poco más, yo anunciara públicamente que «los vecinos de Consell de Cent están a favor de la renta básica y del impuesto de sucesiones». Pues algo parecido hicieron muchos de los que suscriben el editorial, empezando por el inefable presidente del Barça, cada vez más Gil y Gil. Yo tengo un amigo, periodista colegiado, del Barça y colombiano de origen, que se abstuvo de votar el Estatut y que descubrió que había votado a favor del editorial. Tres veces: como culé, como periodista e incluso, ya ven, a cuenta de la «Fundación de Ateneos Colombianos». Empachado de sociedad civil.
Que la amenaza no resulte creíble no impide, sin embargo, que sea una amenaza. Sobre eso está casi todo el mundo de acuerdo. En primer lugar no pocos de los destinatarios. Se ha impuesto entre gentes de «Madrid» que uno conoce una resignada interpretación según la cual el Estatut es una insensatez, pero es una insensatez todavía mayor declarar su parcial inconstitucionalidad. Repárese en que las dos insensateces no son de la misma naturaleza. La primera es esencial: sencillamente alguna parte del texto es incompatible con la Constitución. Sobre eso nadie tiene duda informada y menos que nadie el Tripartit. Hasta Pérez Royo, tengo para mí. La otra insensatez es táctica, prudencial: si nos oponemos, será peor. Algo que saben bien los políticos nacionalistas. Desde hace mucho. Ellos proponen cosas desatinadas, a la luz de lo que dijeron ellos mismos no hace tanto tiempo, y sostienen que si no se aceptan sus propuestas, se va a liar una muy gorda: puro chantaje. En esos términos, ante el dilema entre la propuesta y el lío gordo, que no tiene otro sostén que su propia amenaza, ellos aparecen como moderados. Naturalmente, al poco tiempo, como ven que el método funciona, vuelta a empezar. El delirio de un día se convierte en el punto de partida innegociable del siguiente. Y en esa estamos y, que nadie se engañe, estaremos pase lo que pase con el Estatut. No especulo. Lo muestra el cómo hemos llegado hasta aquí y lo anticipan las declaraciones de los nacionalistas en las que ya dan el Estatut por amortizado. Tiren de Google si tienen dudas.
Pero que los nacionalistas adopten la estrategia del lío gordo no resulta asombroso. Les ha servido y está en la naturaleza insaciable de un proyecto político basado en la conquista, paso a paso, sin tregua, de un ámbito de soberanía. Lo inaudito es que apelen a la amenaza otros que se refieren a ella como si fueran sus víctimas pero, a la vez, actúan como sus protagonistas y pregoneros. Según ellos no cabe oponerse a una (supuesta) mayoría, a un sentimiento mayoritario. La tesis se escucha mucho por aquí y presenta dos versiones. La primera entre gentes del PSC-PSOE, empezando por el presidente de la Generalitat. Ellos invocan, como base de sus opiniones, a la mayoría para unirse a la mayoría. Como si sus propuestas no fueran con ellos. No dan razones independientes, como sucede con Convergencia o ERC. Estos primero «justifican» sus puntos de vista identitarios y, más tarde, extraen las implicaciones políticas. Con independencia de la solvencia analítica de sus puntos de vista, ese proceder resulta impecable estratégicamente. Los socialistas catalanes van a su aire. Ellos no dicen que lo que defienden esté bien o mal, sino que es lo que dice la mayoría. Una mayoría que no existiría si ellos no se sumaran a ella.
La otra versión es más llamativa por su procedencia. Se da entre algunos opinadores catalanes que han dejado escrito negro sobre blanco que el Estatut tiene graves problemas de constitucionalidad y que no responde a las preocupaciones de los catalanes y que, apenas unos meses más tarde, no apelan a otro argumento que al del lío gordo. Por acortarlo: sostienen que algo no resulta defendible, y que los catalanes no lo defienden, y, a la vez y sin un instante de sonrojo intelectual, que no hay que oponerse a ello, es más, que quien se opone es un irresponsable. Toma ya, principio de contradicción. Y toma ya, independencia de criterio. La puta y la Ramoneta, que decimos en Cataluña.
Y ahora navegantes, si tienen un momento, relean el editorial, al menos su último párrafo, ese que comienza: «Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad». Avisados quedan.

LES (2)

Ángel de la Fuente en El Periódico de Catalunya



Uno de los aspectos más preocupantes del anteproyecto de la ley de economía sostenible (LES) es la peculiar visión de la tarea legislativa que trasluce buena parte del texto. Sin exagerar demasiado, cabría hablar de una concepción mágica de la ley, definida como la creencia, a todas luces infundada, de que para que los buenos deseos se hagan realidad basta con ponerlos negro sobre blanco en el BOE.
Les daré dos ejemplos de entre los muchos posibles. El primero es el artículo que citaba al final de mi columna anterior: «Las entidades de crédito deberán evaluar la solvencia del potencial prestatario, sobre la base de una información suficiente». Tomada literalmente, la disposición no tiene sentido. Las entidades financieras llevan siglos evaluando la solvencia de sus clientes sin necesidad de que lo diga la ley y seguramente saben hacerlo bastante mejor que los gobiernos. Por otra parte, el texto no indica de forma precisa qué se les está pidiendo a los bancos ni introduce penalización alguna en caso de incumplimiento. El artículo, por tanto, carece de efectos prácticos y se reduce en esencia a la expresión del deseo del legislador de que los bancos hagan bien su trabajo.
Algo similar sucede con el artículo 72, donde se establece que «las universidades potenciarán sus funciones de investigación básica y aplicada y de transferencia del conocimiento a la sociedad, mediante el desarrollo de proyectos e iniciativas en colaboración con el sector privado». Nada que objetar, excepto que uno no termina de encontrar en el texto las herramientas necesarias para empujar a las universidades en la dirección deseada. De hecho, el único instrumento que se contempla parece ser la continuación de un programa ya existente (el Campus de Excelencia Internacional) que parece diseñado para financiar más cemento sin alterar los incentivos a los que se enfrentan nuestras instituciones de enseñanza superior.
El problema es similar en ambos casos. Resulta muy difícil no compartir la preocupación del legislador por el buen funcionamiento de nuestras universidades y entidades de crédito. Pero para avanzar en la dirección correcta se necesita algo más que buenos deseos. Una ley no es una carta a los Reyes Magos.

Lo que defendía el PSC en 1994

Esta es una noticia publicada en El Periódico de Catalunya el 13 de octubre de 1994.

Y el muerto no sabía catalán...

Este es el consejo que podemos leer en los pasos de cebra de las calles barcelonesas. Un buen consejo, pero escrito en catalán, ya que el ayuntamiento de Barcelona no pretende que el mensaje llegue a todos sino que por lo visto lo que buscan es enseñar catalán a los peatones. La cara que deben poner la mayoría de turistas cuando ven unas letras pintadas en el suelo y no entienden qué pone...

¿De dónde te sientes?

El poeta Pablo García Casado contesta la pregunta que le formula la revista El Ciervo: ¿De dónde te sientes?


Me siento español. Pero no por oposición, por vocación expansiva o imperialista. No soy nacionalista, no quiero hacer sentir mi españolidad a todos los que tienen el DNI. Me fastidiaría que lo hicieran conmigo. Pero me siento español, y no lo escondo, y no tengo prejuicio ni quiero demostrar nada. Lo soy porque ser andaluz no me impide ser también un poco catalán, vasco o madrileño. Hay algo en mí de todos ellos. No impongo mis afectos. Pienso que todos debíamos ser responsables de nuestras propias emociones, no inmiscuirnos en las de los demás. Por eso también soy estatalista, porque el Estado no tiene trampas: yo pago mis impuestos, y el Estado me reporta más o menos servicios sociales, carreteras, museos, y si no me gusta, puedo decidir con mi voto cambiar las cosas, y escribir en un periódico que son unos ineptos. Los nacionalismos quieren que sientas lo que ellos. Te piden que le des tu sangre a cambio de nada. Se meten en cómo amas y a quién, y cómo. Se meten en tu cuarto de baño. No les puedes criticar porque eso es atacar a la patria. Yo soy español porque me siento afecto a una manera de ser y de vivir, distinta a otras, ni mejor ni peor. Aunque sepa que España también es una idea difusa y fragmentaria. Pero, ¿no es también uno mismo una idea difusa y fragmentaria? Y sin embargo no por eso pienso cada día en el suicidio. De hecho nunca lo pienso.

Sobre las carnes del soberanismo

Félix de Azúa en El Periódico de Catalunya


Hubo un tiempo en el que los caudillos de la patria catalana eran ciudadanos extremadamente ascéticos, exiguos de carne, enjutos de rostro, dotados de una robusta fortaleza moral y reconocida castidad o prolífica maritalidad. Recios alpinistas, vegetarianos dentados: eran los faquires de la nación. Así fueron Macià, Josep Benet, Raimon Galí, Espriu, Xirinacs… Si alguna duda se cernió sobre el Pujol juvenil fue que no satisfacía la imagen de jefe moral y guía mosaico, pero su catolicismo granítico acabó por otorgarle la jefatura.
Aquellos ígneos espíritus inspiraban temor e imponían respeto a quienes no compartían su mística catastral y religiosa. Se asemejaban a otras almas flamígeras como Gandhi o Tolstoi, que habían representado lo mejor del nacionalismo y el populismo del siglo XIX, el de Smetana, el de Victor Hugo. Ciertamente, no estaban hechos para sobrevivir al siglo XX y todos perecieron como los grandes veleros ante la llegada del barco de vapor. Sus funerales fueron también las exequias de la poesía nacional y la religión de la patria.
En los últimos años, sin embargo, han aparecido unos patriotas muy amenos para la rigurosa tradición catalana. Son rollizos, aceitunados, hirsutos, de fuerte caja torácica y mejillas bermejas. Tienen las piernas cortas y musculosas. Se advierte que han sido alimentados por familias que se tomaban muy seriamente la pitanza. Lucen, por otra parte, un ánimo jovial, brindan con champagne de marca, conducen coches lujosos, aman los viajes exóticos; en fin, dan ganas de que te inviten a sus fastuosas fiestas privadas. Tipos de constitución maciza como Laporta, López Tena, Benach o Puigcercós (no así Carod-Rovira, que quizá por eso ha sido bajado de la tarima), conspicuos vividores, agudos mercaderes en un siglo, el XXI, para el que solo cuenta lo global y las mafias, ejecutivos de ánimo endurecido o expertos muñidores del desorden funcionarial y los fondos públicos, estos poderosos personajes son quienes empuñan ahora la antorcha nacional y la gerencia del odio.
Es una excelente noticia.

La prostitución de la Democracia

La opinión de José Antonio Cubero.


La Democracia es un sistema de gobierno en el cual prima la voluntad de la mayoría, el 18 de junio del 2006 se votó en referéndum un nuevo estatuto para Cataluña, únicamente 1/3 de los catalanes lo refrendó, luego 2/3 partes no lo aprobaron, sin embargo, nos dicen que ese nuevo estatuto refleja la voluntad de la sociedad catalana (?).

No es necesario ser un genio de las matemáticas para darse cuenta de que algo no cuadra. No solamente nos están engañando, sino que están “manipulando” la información que llega a la ciudadanía.

¿No quedamos que en la Democracia prevalece la voluntad de la mayoría? Con la aprobación de ese nuevo estatuto, los nacionalistas, junto a sus cómplices del Gobierno Central, que permite que se pisoteen los derechos de los ciudadanos con tal de mantener sus apoyos, han “prostituido la Democracia”.

Pero con eso no tienen suficiente, ahora se trata de “prostituir la Justicia”. Ese nuevo estatuto no aprobado por 2/3 de los electores está plagado de injusticias que la Constitución Española no admite, pues elimina derechos de una gran parte de la sociedad catalana, convirtiéndolos en ciudadanos de 2ª en su propio país, y otorga a los catalanes privilegios con respecto a los españoles de otras comunidades autónomas.

Por tal motivo fueron presentados recursos de inconstitucionalidad contra el nuevo estatuto por el Defensor del Pueblo, el Partido Popular, Aragón, La Rioja, Murcia, Baleares y la Comunidad Valenciana.

El Tribunal Constitucional lleva tres años encallado en este tema, porque es presionado por el poder político para que dicte una sentencia favorable al nuevo estatuto, el Gobierno central “se lo debe” a los nacionalistas catalanes por su apoyo.

¿Pero saben Uds. sobre qué debe pronunciarse el T. C.? Aquí tienen un ejemplo:

Art. 78.1 “…(El Síndic de Greuges) supervisa, con carácter exclusivo, la actividad de la Administración de la Generalitat,…”

Según esto, ningún ciudadano español residente en Cataluña podrá recurrir ante el Defensor del Pueblo si siente conculcados sus derechos por la Generalitat, pues el Síndic de Greuges, (Síndico de Agravios o Defensor del Pueblo catalán), ostenta la “exclusiva” sobre esa función, pasando por encima del Defensor del Pueblo de todos los españoles.

Si tenemos en cuenta que el Síndic de Greuges es “colocado” por los nacionalistas catalanes, pueden estar seguros, pues de hecho ya ocurre, que cualquier reclamación que se le haga contra la falta de libertad lingüística en Cataluña se estrellará contra un muro infranqueable.