LES (2)

Ángel de la Fuente en El Periódico de Catalunya



Uno de los aspectos más preocupantes del anteproyecto de la ley de economía sostenible (LES) es la peculiar visión de la tarea legislativa que trasluce buena parte del texto. Sin exagerar demasiado, cabría hablar de una concepción mágica de la ley, definida como la creencia, a todas luces infundada, de que para que los buenos deseos se hagan realidad basta con ponerlos negro sobre blanco en el BOE.
Les daré dos ejemplos de entre los muchos posibles. El primero es el artículo que citaba al final de mi columna anterior: «Las entidades de crédito deberán evaluar la solvencia del potencial prestatario, sobre la base de una información suficiente». Tomada literalmente, la disposición no tiene sentido. Las entidades financieras llevan siglos evaluando la solvencia de sus clientes sin necesidad de que lo diga la ley y seguramente saben hacerlo bastante mejor que los gobiernos. Por otra parte, el texto no indica de forma precisa qué se les está pidiendo a los bancos ni introduce penalización alguna en caso de incumplimiento. El artículo, por tanto, carece de efectos prácticos y se reduce en esencia a la expresión del deseo del legislador de que los bancos hagan bien su trabajo.
Algo similar sucede con el artículo 72, donde se establece que «las universidades potenciarán sus funciones de investigación básica y aplicada y de transferencia del conocimiento a la sociedad, mediante el desarrollo de proyectos e iniciativas en colaboración con el sector privado». Nada que objetar, excepto que uno no termina de encontrar en el texto las herramientas necesarias para empujar a las universidades en la dirección deseada. De hecho, el único instrumento que se contempla parece ser la continuación de un programa ya existente (el Campus de Excelencia Internacional) que parece diseñado para financiar más cemento sin alterar los incentivos a los que se enfrentan nuestras instituciones de enseñanza superior.
El problema es similar en ambos casos. Resulta muy difícil no compartir la preocupación del legislador por el buen funcionamiento de nuestras universidades y entidades de crédito. Pero para avanzar en la dirección correcta se necesita algo más que buenos deseos. Una ley no es una carta a los Reyes Magos.