Demasiados fallos con demasiada frecuencia.

Enrique Badía en Estrella Digital.

Ha sido la segunda vez en pocas semanas: los avisos y previsiones de temporal lanzados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEM) se han quedado cortos y han errado parcialmente al señalar dónde iba a ocurrir lo peor. No puede ni debe servir de excusa para la poco diligente labor de algunas administraciones territoriales, pero vale para remarcar que determinados organismos públicos, de pobladas plantillas y más que abultados presupuestos, tienen pendiente demostrar su utilidad.

Yendo a aspectos más de fondo, no cabe pasar por alto que cada situación crítica degenerada en tragedia vuelve a poner en cuestión el consagrado principio sobre el que se asienta la descentralización: la proximidad como sinónimo y garantía de mayor eficiencia en la prestación de servicios a la sociedad.

Sin duda, el principio destila lógica y por tanto hay que presumirle validez. El problema está en que algunos gobernantes territoriales, en particular los autonómicos, pueden haber considerado que la asignación de competencias era el punto de llegada, no el de partida para efectivamente mejorar los niveles de prestación de servicios a la comunidad. Son aquellos que discurren dedicados, casi obsesionados por cuestiones estéticas y protocolarias, básicamente centrados en seguir obteniendo competencias y recursos "de Madrid".

Sería probablemente injusto cargar las tintas con carácter generalizado. Hay que reconocer que bastantes cosas han mejorado al aplicar el mentado criterio de proximidad, pero otras siguen igual o peor que antes, en parte agravadas por lo que se puede y debe considerar gran fracaso del proceso de configuración del Estado de las Autonomías: la coordinación entre las distintas administraciones públicas; en particular, la referida a la relación entre central y autonómicas, pero también de éstas entre sí.

Otra muestra de actualidad estos días atañe a la administración de Justicia. Entre las reivindicaciones planteadas por los jueces bajo amenaza de huelga figura la puesta en marcha de la comprometida Oficina Judicial, que acumula más de un lustro de retraso desde que fue aprobada. Las razones son variadas, pero una esencial es que los sistemas informáticos implantados en las distintas comunidades autónomas con competencias propias en la materia son del todo incompatibles entre ellos y alguno con el desarrollado desde el Gobierno central.

Algo parecido ocurre en otros ámbitos del área pública, poniendo de relieve fallos en la ejecución del proceso: por demasiados sitios emergen ejemplos de incapacidad, o puede que dejación de la Administración central en la cesión de competencias, que no ha querido, sabido o podido ejercer el papel que le corresponde en materia de coordinación. Aunque tampoco cabe exculpar a quienes han hecho de los entes territoriales núcleos más orientados a ejercer poder que a prestar más y mejores servicios a los ciudadanos... la que se presume su verdadera razón de ser.

En todo caso, conviene no confundir el modelo con la poca o mucha eficiencia con que se está materializando. La descentralización es y está bien que sea un camino irreversible. De lo que va siendo hora es de que el refrendo de las urnas premie o sancione, según los casos, lo que las administraciones, también las territoriales, han hecho o dejado de hacer de la mano de quienes las gobiernan: bien, regular o peor.