La Editorial de El Mundo.
Nuestros lectores conocen bien la defensa que este periódico hace del derecho de los padres a elegir la lengua en la que desean que sus hijos sean educados, el castellano o la propia de cada Autonomía. La noticia que hoy publicamos da una vuelta de tuerca más a la imposición de las lenguas cooficiales y la marginación de nuestra lengua común. Porque lo que el padre de Olav quiere porque lo demanda su hijo escolarizado en Ibiza, no es ya que le den las clases en castellano o que los profesores se dirijan a él en esa lengua, sino sólo que el niño pueda utilizarla, aunque sea para hacer los exámenes. Se da además la circunstancia de que el chaval, de 11 años, es disléxico, lo que le acarrea dificultades para leer y escribir. Aunque el padre de Olav es ibicenco y habla catalán, la madre es andaluza y por eso en su hogar se ha hablado siempre el castellano, algo que para una de las profesoras del niño constituye «una vergüenza».
La historia de Olav es surrealista. En primer lugar, su colegio se llama Cervantes. ¿Es que alguien se imagina una Shakespeare School en el Reino Unido en la que no se pudiera hablar inglés? ¿O una Ecole Victor Hugo en cualquier rincón de Francia que tenga vedada la lengua del celebérrimo autor? Por desgracia, sólo en España algo así resulta posible. Por otra parte, se supone que en el curso de Olav todas las materias deben ser impartidas en catalán menos dos, la Lengua Española, como es lógico, y las Matemáticas. Pero como la profesora que imparte esta última es catalanoparlante, se salta a la torera la normativa sin cortapisas.Es decir, el centro permite una libertad de criterio al profesorado que no está dispuesto a extender a un solo niño, a pesar de que lo que hacen los profesores repercute en todo el alumnado y lo de Olav sólo le atañería a él. Al parecer, no hay reglas fijas siempre y cuando lo que gane terreno sea el catalán.
Para la directora del centro, lo único que quiere la familia de Olav es «levantar polémica». Tres años le han dicho al padre los abogados que podrían tardar los tribunales en darle la razón, una eternidad en lo que a la educación de un niño se refiere.Por eso, al final parece que las opciones se reducen a dos: someterse a la imposición nacionalista o marcharse. Así lo debieron de entender los 39 profesionales médicos del único hospital público de Ibiza que han anunciado que se irán en rechazo a tener que acreditar por examen su conocimiento del catalán.
Hace ya cinco años que un decreto estableció en Baleares el catalán como «lengua vehicular» en la enseñanza. En la práctica, esa normativa se usa ahora como un mandato para eliminar el castellano de las aulas. Zapatero no se ha conformado con aceptar implícitamente esta política, sino que la ha legitimado, como demuestra su decisión de enviar a los Reyes a inaugurar este curso escolar a un colegio de Menorca que la aplica.
Está por ver si la llegada del nuevo ministro de Educación cambia en algo las cosas. Preguntado recientemente sobre el acuerdo entre PSE y PP en Euskadi para que los padres puedan escoger la lengua en la que quieren educar a sus hijos, Angel Gabilondo afirmó que «la respuesta está en la Constitución, en la que está claro cuál es la lengua oficial y cuáles las cooficiales». Desde luego, en la Constitución no puede estar más claro. Pero el Gobierno parece tener muy poca voluntad de que ésta se cumpla en todo el territorio español. El pasado sábado, Zapatero atribuía las posibles dificultades del PSOE en el Parlamento al «acierto» de su política de «vertebración y cohesión de la España plural».Sin embargo, la odisea de Olav demuestra lo falaz de ese discurso, pues es el Partido Socialista el que gobierna en Baleares y permite que sus socios nacionalistas cercenen impunemente la libertad y la pluralidad lingüística.
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