El pringao catalán

Edurne Uriarte en ABC

La represión lingüística catalana es, como toda represión, caprichosa y arbitraria. Vamos, que no sigue un patrón de justicia y equidad. De ahí que se cebe en los más vulnerables, en los menos poderosos, en los más débiles para responder al Gobierno catalán. O sea, en los pringaos, que constituyen uno de los aspectos llamativos de este abuso incontrolado de poder en que se ha convertido la persecución del castellano en Cataluña. Sean los pequeños comerciantes, los empresarios de las salas de cine o los padres de niños en edad escolar.
El Gobierno catalán le pone una cuota o una multa al empresario de las salas de cine o al pequeño comerciante, arrasa con el español en el sector educativo, pero no se le ocurre, sin embargo, hacerles lo mismo a los grandes periódicos catalanes. Y que me perdonen los colegas catalanes, que esto es un mero argumento teórico y no es que yo quiera dar nuevas ideas represivas a Montilla y compañía. Pero si se trata de poner cuotas y multas para imponer el uso del catalán, no se entiende por qué se hace con las salas de cine pero no con los periódicos. O con los editoriales, todos obligados a publicar la mitad en catalán. O con el teatro. O con todas las páginas de internet.
Que es exactamente lo mismo que sucede con las cuotas de género. Se aplican de forma arbitraria en los sectores más débiles y menos respetados, pero el Gobierno no se atreve con una buena parte del propio Estado, la medicina, los transportes, el Ejército, la judicatura, por ejemplo, ni mucho menos, con los medios de comunicación. Por si acaso.
Por si hay un acto de rebelión colectiva por parte de los que pueden. De ahí que la represión lingüística catalana se sustente en un peculiar sistema de hipocresía social. Todo el mundo hace grandes proclamas de fe en la sacralidad del catalán. Y para que cunda el ejemplo, pagan los pringaos.