Decir que los Borbones "descatalanizaron Cataluña" al prohibir la lengua vernácula en la enseñanza es llevar al siglo XVIII los inventos de algún historiador acosado por los fantasmas del franquismo. La muy citada Real Cédula otorgada por Carlos III en 1768 y las provisiones de años posteriores no iban dirigidas a la gente en general, analfabeta y alejada de las aulas en la sociedad del Antiguo Régimen, sino a los grupos selectos y adinerados, cuyos hijos debían ocupar los altos cargos de la administración, las finanzas, el comercio o el ejército y ya se educaban en latín y español desde antes de Carlos III y desde antes de los Reyes Catóicos sin mayores nostalgias. Leídas en su contexto, las leyes de uniformización lingüística del siglo XVIII proceden en su mayoría de leyes del comercio, de administración común, de unificación de moneda y de liquidación de aduanas, de modo que en el mismo documento donde se regulan esas materias aparece la referencia a la lengua castellana. Leídas en su contexto, ocurre que esas leyes a quienes más interesaban era a los fabricantes y comerciantes catalanes, hechizados por las jugosas ganancias que podía reportarles el mercado de las colonias americanas. En el fondo, la única imposición de Carlos III a los catalanes fue abrirles unas rutas comerciales donde se negociaba en español: el comercio con América. Comercio sin el cual sería imposible entender la Cataluña moderna.
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