Sin la feliz conjunción de la izquierda y el nacionalismo todo esto no habría ocurrido. Te cuento cómo fue. En 1985 los socialistas aprobaron una nueva ley orgánica, la LOGSE, que ponía patas arriba el modelo de enseñanza tradicional. Sólo unos datos para que veas el alcance de la remoción: el Bachillerato, que como sabes ya había perdido mucho peso con la reforma de Villar Palasí, quedaba reducido a dos tristes anualidades; aparecía la Secundaria, lo que permitía alargar el periodo de enseñanza obligatoria hasta los 16 años y escolarizar a la fuerza a muchos jóvenes que, a esa edad y en condiciones normales, ya estarían preparándose para su inserción en el mundo laboral; se implantaba la igualdad por decreto, eso es, la nivelación por abajo, con alumnos que pasaban de curso aunque tuvieran todas las asignaturas suspendidas; y el profesorado sufría una igualación similar, puesto que los maestros se codeaban con los agregados de instituto, y los catedráticos -por lo menos en Cataluña- debían conformarse con tener la condición de tales. La consecuencia de todo ello fue que los colegios y los institutos se convirtieron en una prolongación de la guardería, hasta el punto de que, a estas alturas, incluso la universidad empieza a semejar ya un parvulario.
domingo, 28 de febrero de 2010
Progresa adecuadamente. (2)
Sin la feliz conjunción de la izquierda y el nacionalismo todo esto no habría ocurrido. Te cuento cómo fue. En 1985 los socialistas aprobaron una nueva ley orgánica, la LOGSE, que ponía patas arriba el modelo de enseñanza tradicional. Sólo unos datos para que veas el alcance de la remoción: el Bachillerato, que como sabes ya había perdido mucho peso con la reforma de Villar Palasí, quedaba reducido a dos tristes anualidades; aparecía la Secundaria, lo que permitía alargar el periodo de enseñanza obligatoria hasta los 16 años y escolarizar a la fuerza a muchos jóvenes que, a esa edad y en condiciones normales, ya estarían preparándose para su inserción en el mundo laboral; se implantaba la igualdad por decreto, eso es, la nivelación por abajo, con alumnos que pasaban de curso aunque tuvieran todas las asignaturas suspendidas; y el profesorado sufría una igualación similar, puesto que los maestros se codeaban con los agregados de instituto, y los catedráticos -por lo menos en Cataluña- debían conformarse con tener la condición de tales. La consecuencia de todo ello fue que los colegios y los institutos se convirtieron en una prolongación de la guardería, hasta el punto de que, a estas alturas, incluso la universidad empieza a semejar ya un parvulario.
jueves, 25 de febrero de 2010
Progresa adecuadamente
A partir de hoy os iré colgando retazos de "Progresa adecudamente", el libro que Xavier Pericay publicó en 2007.
Para que me entiendas, te diré que el franquismo se ha convertido en un gran tabú, en la mismísima encarnación del mal. Es algo de lo que no puede hablarse, como no sea para certificar que todo cuanto pasó en aquellas tres largas décadas debe ser borrado de la historia. Imposible realizar un análisis serio, frío, documentado. Por supuesto, no todo el mundo opina lo mismo. Pero son pocos, sobre todo en Cataluña, los que se atreven a alzar la voz para recordar que había cosas, en aquel régimen, dignas de ser conservadas. El modelo educativo, por ejemplo. No en su totalidad, claro está, pero sí en lo que podríamos llamar su esencia. Es decir, en lo que tenía de continuidad con respecto a la enseñanza tradicional, ya fuera la vinculada a la Iglesia -aquí tienes otro tópico, el de que toda la enseñanza religiosa fue perniciosa-, ya fuera la de aquella República liberal que tanto prometía y en tan poco quedó. Pues bien, este cordón umbilical que muchos profesores de enseñanza media contribuisteis a salvar, con vuestro esfuerzo y vuestro ejemplo, durante casi cuarenta años, de las miserias morales e intelectuales del régimen franquista, se ha ido al traste. Y, ¡oh paradoja!, por franquista precisamente.
miércoles, 17 de febrero de 2010
sábado, 13 de febrero de 2010
Los españoles pagaremos los gastos de traducción de nuestros europarlamentarios en Bruselas
Un texto de Juan Julio Alfaya
Hay que reconocer que para algunos artículos de lujo y demás caprichitos identitarios hay más dinero que para las necesidades más apremiantes de los españoles. Los europarlamentarios españoles, que hablan y conocen perfectamente el idioma oficial de su Estado, es posible que pueden utilizar sus respectivas lenguas vernáculas en los debates parlamentarios, ya que el gobierno ha decidido que "España" (o sea, los españoles) pagaría los gastos de traducción. Es decir, un europarlamentario gallego, vasco o catalán, que habla perfectamente el español, podrá permitirse el lujo de hacerlo en su lengua vernácula gracias a que la factura de los traductores la pagaremos, como siempre, las castigadas clases medias de este país, algo que ni a Kafka le hubiera salido más kafkiano.
El encargado de tramitar tan absurda e innecesaria petición ante el presidente del Parlamento Europeo, el polaco Jerzy Buzek, será Diego López Garrido que a estas alturas ya se encuentra en Bruselas para transmitirles a los altos dirigentes de las instituciones europeas la nueva genialidad que, con toda seguridad, ha surgido como una pompa de jabón del cerebro vacío del Acariciador de Obama.
Los diputados y las diputadas, los miembros y las miembras que viven a cuenta de nuestros impuestos "wie Gott in Frankreich" (expresión alemana que significa "como Dios en Francia") podrán, por fin, quitarse de encima el ignominioso peso de tener que expresarse en la lengua oficial de su Estado.
Espero que el representante de las Islas Canarias pueda, por fin, expresarse en Bruselas mediante el silbo gomero. La pena es que no viva Luis Buñuel para filmarlo y deleitarnos con la más surrealista de sus películas.
miércoles, 3 de febrero de 2010
El pringao catalán
Edurne Uriarte en ABC
La represión lingüística catalana es, como toda represión, caprichosa y arbitraria. Vamos, que no sigue un patrón de justicia y equidad. De ahí que se cebe en los más vulnerables, en los menos poderosos, en los más débiles para responder al Gobierno catalán. O sea, en los pringaos, que constituyen uno de los aspectos llamativos de este abuso incontrolado de poder en que se ha convertido la persecución del castellano en Cataluña. Sean los pequeños comerciantes, los empresarios de las salas de cine o los padres de niños en edad escolar.
El Gobierno catalán le pone una cuota o una multa al empresario de las salas de cine o al pequeño comerciante, arrasa con el español en el sector educativo, pero no se le ocurre, sin embargo, hacerles lo mismo a los grandes periódicos catalanes. Y que me perdonen los colegas catalanes, que esto es un mero argumento teórico y no es que yo quiera dar nuevas ideas represivas a Montilla y compañía. Pero si se trata de poner cuotas y multas para imponer el uso del catalán, no se entiende por qué se hace con las salas de cine pero no con los periódicos. O con los editoriales, todos obligados a publicar la mitad en catalán. O con el teatro. O con todas las páginas de internet.
Que es exactamente lo mismo que sucede con las cuotas de género. Se aplican de forma arbitraria en los sectores más débiles y menos respetados, pero el Gobierno no se atreve con una buena parte del propio Estado, la medicina, los transportes, el Ejército, la judicatura, por ejemplo, ni mucho menos, con los medios de comunicación. Por si acaso.
Por si hay un acto de rebelión colectiva por parte de los que pueden. De ahí que la represión lingüística catalana se sustente en un peculiar sistema de hipocresía social. Todo el mundo hace grandes proclamas de fe en la sacralidad del catalán. Y para que cunda el ejemplo, pagan los pringaos.
La represión lingüística catalana es, como toda represión, caprichosa y arbitraria. Vamos, que no sigue un patrón de justicia y equidad. De ahí que se cebe en los más vulnerables, en los menos poderosos, en los más débiles para responder al Gobierno catalán. O sea, en los pringaos, que constituyen uno de los aspectos llamativos de este abuso incontrolado de poder en que se ha convertido la persecución del castellano en Cataluña. Sean los pequeños comerciantes, los empresarios de las salas de cine o los padres de niños en edad escolar.
El Gobierno catalán le pone una cuota o una multa al empresario de las salas de cine o al pequeño comerciante, arrasa con el español en el sector educativo, pero no se le ocurre, sin embargo, hacerles lo mismo a los grandes periódicos catalanes. Y que me perdonen los colegas catalanes, que esto es un mero argumento teórico y no es que yo quiera dar nuevas ideas represivas a Montilla y compañía. Pero si se trata de poner cuotas y multas para imponer el uso del catalán, no se entiende por qué se hace con las salas de cine pero no con los periódicos. O con los editoriales, todos obligados a publicar la mitad en catalán. O con el teatro. O con todas las páginas de internet.
Que es exactamente lo mismo que sucede con las cuotas de género. Se aplican de forma arbitraria en los sectores más débiles y menos respetados, pero el Gobierno no se atreve con una buena parte del propio Estado, la medicina, los transportes, el Ejército, la judicatura, por ejemplo, ni mucho menos, con los medios de comunicación. Por si acaso.
Por si hay un acto de rebelión colectiva por parte de los que pueden. De ahí que la represión lingüística catalana se sustente en un peculiar sistema de hipocresía social. Todo el mundo hace grandes proclamas de fe en la sacralidad del catalán. Y para que cunda el ejemplo, pagan los pringaos.
martes, 2 de febrero de 2010
Salvar a la patria cuesta una pasta
Félix De Azúa en El Periódico de Catalunya
Es una grave injusticia la escasa gratitud pública que mostramos hacia el heroico Gobierno de Catalunya. Lleva ya un montón de años luchando a brazo partido contra los catalanes, tratando de persuadirles para que sean catalanes, pero los catalanes, gente montaraz e insumisa (ya se vio en tiempos de Franco), no se enmiendan.
Lo han intentado por todos los medios, con sermones de altísimo rigor intelectual (ahí ha destacado el joven Herrera de finos aires abaciales), con el ejemplo a la manera de los misioneros en tierra pagana (¡mártir Carod!), y también con la firme mano que sostiene la porra. O sea, con multas, una fruslería, una futesa: entre el 2003 y el 2006 recaudaron 225.225 euros en sanciones contra catalanes con ramalazo español. Los últimos tres años han superado tan tímida cifra, pero no hay datos solventes para no dar armas al enemigo. Considérese que cada multa obedece a una denuncia previa, ya que hay un número discreto de patriotas (lo mejor de la sociedad, no hay que decirlo) que se sacrifican denunciando al prójimo. Una auténtica élite secreta que constituye el escuadrón de choque del social-nacionalismo de Montilla.
Pero no hay descanso. Hoy son los catalanes que tienen el privilegio de poseer salas de cine los que se niegan a catalanizar su negocio. Dicen que el doblaje al catalán les arruinaría, como si eso fuera una excusa. ¿Se imaginan a san Ignacio de Loyola arguyendo que cristianizar la China iba a ser la ruina? Ya se sabe que salvar una patria siempre cuesta dinero. ¡Sobre todo cuando se tiene en contra a la población!
En los últimos 30 años, nuestros misioneros políticos han gastado cientos de miles de millones de euros (ajenos, por suerte) para obligar a los catalanes a que sean catalanes. Ya se ve que la cosa no va como la seda. Por eso suenan voces en el Gobierno catalán que estudian una alternativa audaz: emigrar a Zaragoza. Según expertos profesores de la Universitat Autònoma, los aragoneses están deseando ser catalanes y la capital de Catalunya quedaría preciosa junto a la Pilarica. ¡Les deseamos de todo corazón un gran éxito!
Es una grave injusticia la escasa gratitud pública que mostramos hacia el heroico Gobierno de Catalunya. Lleva ya un montón de años luchando a brazo partido contra los catalanes, tratando de persuadirles para que sean catalanes, pero los catalanes, gente montaraz e insumisa (ya se vio en tiempos de Franco), no se enmiendan.
Lo han intentado por todos los medios, con sermones de altísimo rigor intelectual (ahí ha destacado el joven Herrera de finos aires abaciales), con el ejemplo a la manera de los misioneros en tierra pagana (¡mártir Carod!), y también con la firme mano que sostiene la porra. O sea, con multas, una fruslería, una futesa: entre el 2003 y el 2006 recaudaron 225.225 euros en sanciones contra catalanes con ramalazo español. Los últimos tres años han superado tan tímida cifra, pero no hay datos solventes para no dar armas al enemigo. Considérese que cada multa obedece a una denuncia previa, ya que hay un número discreto de patriotas (lo mejor de la sociedad, no hay que decirlo) que se sacrifican denunciando al prójimo. Una auténtica élite secreta que constituye el escuadrón de choque del social-nacionalismo de Montilla.
Pero no hay descanso. Hoy son los catalanes que tienen el privilegio de poseer salas de cine los que se niegan a catalanizar su negocio. Dicen que el doblaje al catalán les arruinaría, como si eso fuera una excusa. ¿Se imaginan a san Ignacio de Loyola arguyendo que cristianizar la China iba a ser la ruina? Ya se sabe que salvar una patria siempre cuesta dinero. ¡Sobre todo cuando se tiene en contra a la población!
En los últimos 30 años, nuestros misioneros políticos han gastado cientos de miles de millones de euros (ajenos, por suerte) para obligar a los catalanes a que sean catalanes. Ya se ve que la cosa no va como la seda. Por eso suenan voces en el Gobierno catalán que estudian una alternativa audaz: emigrar a Zaragoza. Según expertos profesores de la Universitat Autònoma, los aragoneses están deseando ser catalanes y la capital de Catalunya quedaría preciosa junto a la Pilarica. ¡Les deseamos de todo corazón un gran éxito!
martes, 26 de enero de 2010
Avisos de líos por parte de los liantes
FÉLIX OVEJERO en ABC
Muchos de quienes apoyaron el editorial conjunto de los periódicos catalanes negaron que constituyera una presión o coacción al Tribunal Constitucional. Se equivocaban, al menos para la teoría del lenguaje, curso primero. Una amenaza es un «argumento» muy especial. Se sostiene a pulso, en su propia invocación. No proporciona razones o las proporciona de manera esquinada. La «razón» básica, aunque no la única, para atenderla es el hecho mismo de que quien la esgrime advierte de que si no se le hace caso actuará de determinada manera. Si un editorial de este periódico afirma que «Estados Unidos podría responder si se siente provocado» está emitiendo una opinión más o menos argumentada, más o menos avalada por datos y razones. Si quien lo dice es Obama no estamos ante una opinión, sino ante una amenaza. El paso de la tercera persona a la primera convierte a la opinión en una coacción y ese paso estaba atado a la decisión misma de firmar un editorial colectivo. No era un editorial de un periódico que los demás aprobaban, sino un editorial que firmaban periódicos catalanes en tanto que catalanes y que hablaba, desde la primera línea, en nombre de la sociedad catalana, de una sociedad catalana que por medio del texto nos avisaría de lo que puede pasar si no se atienden sus requerimientos. Así las cosas, resultaban inevitables la prosa enaltecida y los sujetos imposibles, que empezaban, aunque no acababan, con la apelación a «La dignidad de Cataluña». Dignidad nacional, supongo.
Otra cosa es que la amenaza resulte creíble, que tenga fundamento. ¿A nadie le llama la atención que mientras los catalanes nos mostramos indiferentes -el único desapego perfectamente identificado- a los problemas de nuestros políticos, y sobre esto sobran los datos bien contrastados, la «sociedad civil catalana» se agite y, prietas las filas, suscriba proclamas como las recogidas en el editorial? (Para las dudas, véase, por ejemplo, el trabajo de Martínez-Herrera y Thomas Milley, "The Constitution and the politics of nacional identity in Contemporary Spain", a punto de aparecer en Nations and Nationalism), que confirma el sólido, y creciente, apoyo de los catalanes al pacto constitucional del 78, más allá de la «desafección» de sus élites políticas).
Algún día habrá que preguntar a la llamada «sociedad civil catalana» lo que ya deberíamos haber preguntado a la identidad: «¿hay alguien ahí?». Alguien más, claro, que los que pasan lista a los abajo firmantes y el que reparte las regalías, que vienen a ser los mismos. Que ese singular ecosistema es impermeable a lo que dice -o calla- la sociedad real catalana lo confirman sus lecturas eufóricamente nacionalistas de los resultados del reciente «referéndum», lecturas que deben estar haciéndose estremecer en su tumba a Galton y Pearson, los fundadores de la estadística social. A pesar del fracaso, al día siguiente, y desde entonces sin tregua, una batería de comentaristas, impermeables a la evidencia empírica, avisaban de que la larga marchar era imparable. Pierden por 10 a 0, pero ellos siguen haciendo la ola, como si tal cosa. Ateniéndose al guión.
Anticipo que no son pocas las perversiones del ideal democrático que andan por detrás de lo que está pasando con esa sociedad civil que responde a toque de pito. Algunas bastante inmediatas. Se imaginan que como presidente de mi comunidad de vecinos, elegido para cambiar las bombillas y poco más, yo anunciara públicamente que «los vecinos de Consell de Cent están a favor de la renta básica y del impuesto de sucesiones». Pues algo parecido hicieron muchos de los que suscriben el editorial, empezando por el inefable presidente del Barça, cada vez más Gil y Gil. Yo tengo un amigo, periodista colegiado, del Barça y colombiano de origen, que se abstuvo de votar el Estatut y que descubrió que había votado a favor del editorial. Tres veces: como culé, como periodista e incluso, ya ven, a cuenta de la «Fundación de Ateneos Colombianos». Empachado de sociedad civil.
Que la amenaza no resulte creíble no impide, sin embargo, que sea una amenaza. Sobre eso está casi todo el mundo de acuerdo. En primer lugar no pocos de los destinatarios. Se ha impuesto entre gentes de «Madrid» que uno conoce una resignada interpretación según la cual el Estatut es una insensatez, pero es una insensatez todavía mayor declarar su parcial inconstitucionalidad. Repárese en que las dos insensateces no son de la misma naturaleza. La primera es esencial: sencillamente alguna parte del texto es incompatible con la Constitución. Sobre eso nadie tiene duda informada y menos que nadie el Tripartit. Hasta Pérez Royo, tengo para mí. La otra insensatez es táctica, prudencial: si nos oponemos, será peor. Algo que saben bien los políticos nacionalistas. Desde hace mucho. Ellos proponen cosas desatinadas, a la luz de lo que dijeron ellos mismos no hace tanto tiempo, y sostienen que si no se aceptan sus propuestas, se va a liar una muy gorda: puro chantaje. En esos términos, ante el dilema entre la propuesta y el lío gordo, que no tiene otro sostén que su propia amenaza, ellos aparecen como moderados. Naturalmente, al poco tiempo, como ven que el método funciona, vuelta a empezar. El delirio de un día se convierte en el punto de partida innegociable del siguiente. Y en esa estamos y, que nadie se engañe, estaremos pase lo que pase con el Estatut. No especulo. Lo muestra el cómo hemos llegado hasta aquí y lo anticipan las declaraciones de los nacionalistas en las que ya dan el Estatut por amortizado. Tiren de Google si tienen dudas.
Pero que los nacionalistas adopten la estrategia del lío gordo no resulta asombroso. Les ha servido y está en la naturaleza insaciable de un proyecto político basado en la conquista, paso a paso, sin tregua, de un ámbito de soberanía. Lo inaudito es que apelen a la amenaza otros que se refieren a ella como si fueran sus víctimas pero, a la vez, actúan como sus protagonistas y pregoneros. Según ellos no cabe oponerse a una (supuesta) mayoría, a un sentimiento mayoritario. La tesis se escucha mucho por aquí y presenta dos versiones. La primera entre gentes del PSC-PSOE, empezando por el presidente de la Generalitat. Ellos invocan, como base de sus opiniones, a la mayoría para unirse a la mayoría. Como si sus propuestas no fueran con ellos. No dan razones independientes, como sucede con Convergencia o ERC. Estos primero «justifican» sus puntos de vista identitarios y, más tarde, extraen las implicaciones políticas. Con independencia de la solvencia analítica de sus puntos de vista, ese proceder resulta impecable estratégicamente. Los socialistas catalanes van a su aire. Ellos no dicen que lo que defienden esté bien o mal, sino que es lo que dice la mayoría. Una mayoría que no existiría si ellos no se sumaran a ella.
La otra versión es más llamativa por su procedencia. Se da entre algunos opinadores catalanes que han dejado escrito negro sobre blanco que el Estatut tiene graves problemas de constitucionalidad y que no responde a las preocupaciones de los catalanes y que, apenas unos meses más tarde, no apelan a otro argumento que al del lío gordo. Por acortarlo: sostienen que algo no resulta defendible, y que los catalanes no lo defienden, y, a la vez y sin un instante de sonrojo intelectual, que no hay que oponerse a ello, es más, que quien se opone es un irresponsable. Toma ya, principio de contradicción. Y toma ya, independencia de criterio. La puta y la Ramoneta, que decimos en Cataluña.
Y ahora navegantes, si tienen un momento, relean el editorial, al menos su último párrafo, ese que comienza: «Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad». Avisados quedan.
Muchos de quienes apoyaron el editorial conjunto de los periódicos catalanes negaron que constituyera una presión o coacción al Tribunal Constitucional. Se equivocaban, al menos para la teoría del lenguaje, curso primero. Una amenaza es un «argumento» muy especial. Se sostiene a pulso, en su propia invocación. No proporciona razones o las proporciona de manera esquinada. La «razón» básica, aunque no la única, para atenderla es el hecho mismo de que quien la esgrime advierte de que si no se le hace caso actuará de determinada manera. Si un editorial de este periódico afirma que «Estados Unidos podría responder si se siente provocado» está emitiendo una opinión más o menos argumentada, más o menos avalada por datos y razones. Si quien lo dice es Obama no estamos ante una opinión, sino ante una amenaza. El paso de la tercera persona a la primera convierte a la opinión en una coacción y ese paso estaba atado a la decisión misma de firmar un editorial colectivo. No era un editorial de un periódico que los demás aprobaban, sino un editorial que firmaban periódicos catalanes en tanto que catalanes y que hablaba, desde la primera línea, en nombre de la sociedad catalana, de una sociedad catalana que por medio del texto nos avisaría de lo que puede pasar si no se atienden sus requerimientos. Así las cosas, resultaban inevitables la prosa enaltecida y los sujetos imposibles, que empezaban, aunque no acababan, con la apelación a «La dignidad de Cataluña». Dignidad nacional, supongo.
Otra cosa es que la amenaza resulte creíble, que tenga fundamento. ¿A nadie le llama la atención que mientras los catalanes nos mostramos indiferentes -el único desapego perfectamente identificado- a los problemas de nuestros políticos, y sobre esto sobran los datos bien contrastados, la «sociedad civil catalana» se agite y, prietas las filas, suscriba proclamas como las recogidas en el editorial? (Para las dudas, véase, por ejemplo, el trabajo de Martínez-Herrera y Thomas Milley, "The Constitution and the politics of nacional identity in Contemporary Spain", a punto de aparecer en Nations and Nationalism), que confirma el sólido, y creciente, apoyo de los catalanes al pacto constitucional del 78, más allá de la «desafección» de sus élites políticas).
Algún día habrá que preguntar a la llamada «sociedad civil catalana» lo que ya deberíamos haber preguntado a la identidad: «¿hay alguien ahí?». Alguien más, claro, que los que pasan lista a los abajo firmantes y el que reparte las regalías, que vienen a ser los mismos. Que ese singular ecosistema es impermeable a lo que dice -o calla- la sociedad real catalana lo confirman sus lecturas eufóricamente nacionalistas de los resultados del reciente «referéndum», lecturas que deben estar haciéndose estremecer en su tumba a Galton y Pearson, los fundadores de la estadística social. A pesar del fracaso, al día siguiente, y desde entonces sin tregua, una batería de comentaristas, impermeables a la evidencia empírica, avisaban de que la larga marchar era imparable. Pierden por 10 a 0, pero ellos siguen haciendo la ola, como si tal cosa. Ateniéndose al guión.
Anticipo que no son pocas las perversiones del ideal democrático que andan por detrás de lo que está pasando con esa sociedad civil que responde a toque de pito. Algunas bastante inmediatas. Se imaginan que como presidente de mi comunidad de vecinos, elegido para cambiar las bombillas y poco más, yo anunciara públicamente que «los vecinos de Consell de Cent están a favor de la renta básica y del impuesto de sucesiones». Pues algo parecido hicieron muchos de los que suscriben el editorial, empezando por el inefable presidente del Barça, cada vez más Gil y Gil. Yo tengo un amigo, periodista colegiado, del Barça y colombiano de origen, que se abstuvo de votar el Estatut y que descubrió que había votado a favor del editorial. Tres veces: como culé, como periodista e incluso, ya ven, a cuenta de la «Fundación de Ateneos Colombianos». Empachado de sociedad civil.
Que la amenaza no resulte creíble no impide, sin embargo, que sea una amenaza. Sobre eso está casi todo el mundo de acuerdo. En primer lugar no pocos de los destinatarios. Se ha impuesto entre gentes de «Madrid» que uno conoce una resignada interpretación según la cual el Estatut es una insensatez, pero es una insensatez todavía mayor declarar su parcial inconstitucionalidad. Repárese en que las dos insensateces no son de la misma naturaleza. La primera es esencial: sencillamente alguna parte del texto es incompatible con la Constitución. Sobre eso nadie tiene duda informada y menos que nadie el Tripartit. Hasta Pérez Royo, tengo para mí. La otra insensatez es táctica, prudencial: si nos oponemos, será peor. Algo que saben bien los políticos nacionalistas. Desde hace mucho. Ellos proponen cosas desatinadas, a la luz de lo que dijeron ellos mismos no hace tanto tiempo, y sostienen que si no se aceptan sus propuestas, se va a liar una muy gorda: puro chantaje. En esos términos, ante el dilema entre la propuesta y el lío gordo, que no tiene otro sostén que su propia amenaza, ellos aparecen como moderados. Naturalmente, al poco tiempo, como ven que el método funciona, vuelta a empezar. El delirio de un día se convierte en el punto de partida innegociable del siguiente. Y en esa estamos y, que nadie se engañe, estaremos pase lo que pase con el Estatut. No especulo. Lo muestra el cómo hemos llegado hasta aquí y lo anticipan las declaraciones de los nacionalistas en las que ya dan el Estatut por amortizado. Tiren de Google si tienen dudas.
Pero que los nacionalistas adopten la estrategia del lío gordo no resulta asombroso. Les ha servido y está en la naturaleza insaciable de un proyecto político basado en la conquista, paso a paso, sin tregua, de un ámbito de soberanía. Lo inaudito es que apelen a la amenaza otros que se refieren a ella como si fueran sus víctimas pero, a la vez, actúan como sus protagonistas y pregoneros. Según ellos no cabe oponerse a una (supuesta) mayoría, a un sentimiento mayoritario. La tesis se escucha mucho por aquí y presenta dos versiones. La primera entre gentes del PSC-PSOE, empezando por el presidente de la Generalitat. Ellos invocan, como base de sus opiniones, a la mayoría para unirse a la mayoría. Como si sus propuestas no fueran con ellos. No dan razones independientes, como sucede con Convergencia o ERC. Estos primero «justifican» sus puntos de vista identitarios y, más tarde, extraen las implicaciones políticas. Con independencia de la solvencia analítica de sus puntos de vista, ese proceder resulta impecable estratégicamente. Los socialistas catalanes van a su aire. Ellos no dicen que lo que defienden esté bien o mal, sino que es lo que dice la mayoría. Una mayoría que no existiría si ellos no se sumaran a ella.
La otra versión es más llamativa por su procedencia. Se da entre algunos opinadores catalanes que han dejado escrito negro sobre blanco que el Estatut tiene graves problemas de constitucionalidad y que no responde a las preocupaciones de los catalanes y que, apenas unos meses más tarde, no apelan a otro argumento que al del lío gordo. Por acortarlo: sostienen que algo no resulta defendible, y que los catalanes no lo defienden, y, a la vez y sin un instante de sonrojo intelectual, que no hay que oponerse a ello, es más, que quien se opone es un irresponsable. Toma ya, principio de contradicción. Y toma ya, independencia de criterio. La puta y la Ramoneta, que decimos en Cataluña.
Y ahora navegantes, si tienen un momento, relean el editorial, al menos su último párrafo, ese que comienza: «Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad». Avisados quedan.
sábado, 23 de enero de 2010
LES (2)
Ángel de la Fuente en El Periódico de Catalunya
Uno de los aspectos más preocupantes del anteproyecto de la ley de economía sostenible (LES) es la peculiar visión de la tarea legislativa que trasluce buena parte del texto. Sin exagerar demasiado, cabría hablar de una concepción mágica de la ley, definida como la creencia, a todas luces infundada, de que para que los buenos deseos se hagan realidad basta con ponerlos negro sobre blanco en el BOE.
Les daré dos ejemplos de entre los muchos posibles. El primero es el artículo que citaba al final de mi columna anterior: «Las entidades de crédito deberán evaluar la solvencia del potencial prestatario, sobre la base de una información suficiente». Tomada literalmente, la disposición no tiene sentido. Las entidades financieras llevan siglos evaluando la solvencia de sus clientes sin necesidad de que lo diga la ley y seguramente saben hacerlo bastante mejor que los gobiernos. Por otra parte, el texto no indica de forma precisa qué se les está pidiendo a los bancos ni introduce penalización alguna en caso de incumplimiento. El artículo, por tanto, carece de efectos prácticos y se reduce en esencia a la expresión del deseo del legislador de que los bancos hagan bien su trabajo.
Algo similar sucede con el artículo 72, donde se establece que «las universidades potenciarán sus funciones de investigación básica y aplicada y de transferencia del conocimiento a la sociedad, mediante el desarrollo de proyectos e iniciativas en colaboración con el sector privado». Nada que objetar, excepto que uno no termina de encontrar en el texto las herramientas necesarias para empujar a las universidades en la dirección deseada. De hecho, el único instrumento que se contempla parece ser la continuación de un programa ya existente (el Campus de Excelencia Internacional) que parece diseñado para financiar más cemento sin alterar los incentivos a los que se enfrentan nuestras instituciones de enseñanza superior.
El problema es similar en ambos casos. Resulta muy difícil no compartir la preocupación del legislador por el buen funcionamiento de nuestras universidades y entidades de crédito. Pero para avanzar en la dirección correcta se necesita algo más que buenos deseos. Una ley no es una carta a los Reyes Magos.
Uno de los aspectos más preocupantes del anteproyecto de la ley de economía sostenible (LES) es la peculiar visión de la tarea legislativa que trasluce buena parte del texto. Sin exagerar demasiado, cabría hablar de una concepción mágica de la ley, definida como la creencia, a todas luces infundada, de que para que los buenos deseos se hagan realidad basta con ponerlos negro sobre blanco en el BOE.
Les daré dos ejemplos de entre los muchos posibles. El primero es el artículo que citaba al final de mi columna anterior: «Las entidades de crédito deberán evaluar la solvencia del potencial prestatario, sobre la base de una información suficiente». Tomada literalmente, la disposición no tiene sentido. Las entidades financieras llevan siglos evaluando la solvencia de sus clientes sin necesidad de que lo diga la ley y seguramente saben hacerlo bastante mejor que los gobiernos. Por otra parte, el texto no indica de forma precisa qué se les está pidiendo a los bancos ni introduce penalización alguna en caso de incumplimiento. El artículo, por tanto, carece de efectos prácticos y se reduce en esencia a la expresión del deseo del legislador de que los bancos hagan bien su trabajo.
Algo similar sucede con el artículo 72, donde se establece que «las universidades potenciarán sus funciones de investigación básica y aplicada y de transferencia del conocimiento a la sociedad, mediante el desarrollo de proyectos e iniciativas en colaboración con el sector privado». Nada que objetar, excepto que uno no termina de encontrar en el texto las herramientas necesarias para empujar a las universidades en la dirección deseada. De hecho, el único instrumento que se contempla parece ser la continuación de un programa ya existente (el Campus de Excelencia Internacional) que parece diseñado para financiar más cemento sin alterar los incentivos a los que se enfrentan nuestras instituciones de enseñanza superior.
El problema es similar en ambos casos. Resulta muy difícil no compartir la preocupación del legislador por el buen funcionamiento de nuestras universidades y entidades de crédito. Pero para avanzar en la dirección correcta se necesita algo más que buenos deseos. Una ley no es una carta a los Reyes Magos.
lunes, 18 de enero de 2010
martes, 12 de enero de 2010
Y el muerto no sabía catalán...
Este es el consejo que podemos leer en los pasos de cebra de las calles barcelonesas. Un buen consejo, pero escrito en catalán, ya que el ayuntamiento de Barcelona no pretende que el mensaje llegue a todos sino que por lo visto lo que buscan es enseñar catalán a los peatones. La cara que deben poner la mayoría de turistas cuando ven unas letras pintadas en el suelo y no entienden qué pone...
domingo, 10 de enero de 2010
¿De dónde te sientes?

El poeta Pablo García Casado contesta la pregunta que le formula la revista El Ciervo: ¿De dónde te sientes?
Me siento español. Pero no por oposición, por vocación expansiva o imperialista. No soy nacionalista, no quiero hacer sentir mi españolidad a todos los que tienen el DNI. Me fastidiaría que lo hicieran conmigo. Pero me siento español, y no lo escondo, y no tengo prejuicio ni quiero demostrar nada. Lo soy porque ser andaluz no me impide ser también un poco catalán, vasco o madrileño. Hay algo en mí de todos ellos. No impongo mis afectos. Pienso que todos debíamos ser responsables de nuestras propias emociones, no inmiscuirnos en las de los demás. Por eso también soy estatalista, porque el Estado no tiene trampas: yo pago mis impuestos, y el Estado me reporta más o menos servicios sociales, carreteras, museos, y si no me gusta, puedo decidir con mi voto cambiar las cosas, y escribir en un periódico que son unos ineptos. Los nacionalismos quieren que sientas lo que ellos. Te piden que le des tu sangre a cambio de nada. Se meten en cómo amas y a quién, y cómo. Se meten en tu cuarto de baño. No les puedes criticar porque eso es atacar a la patria. Yo soy español porque me siento afecto a una manera de ser y de vivir, distinta a otras, ni mejor ni peor. Aunque sepa que España también es una idea difusa y fragmentaria. Pero, ¿no es también uno mismo una idea difusa y fragmentaria? Y sin embargo no por eso pienso cada día en el suicidio. De hecho nunca lo pienso.
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