Sigue el acoso

Publicado hoy en El Mundo

Acoso oficial a los comerciantes de Sants por no rotular en catalán
La Generalitat envía cartas a los negocios del popular barrio barcelonés en las que da dos meses para que cambien sus carteles
BELEN PARRA

BARCELONA.- La persecución lingüística en Cataluña continúa. En especial en el barrio de Sants de Barcelona, donde comercios históricos resisten los vaivenes de la crisis en un entorno cada vez más degradado. Las nuevas oleadas de inmigrantes buscan también su sitio y el clima de convivencia se enrarece por iniciativas como la de fomentar el control sobre el cumplimiento de la normativa lingüística que propone el Ayuntamiento de la Ciudad Condal para la presente legislatura.

Según ha podido corroborar EL MUNDO, la ofensiva lingüística del Consistorio empieza a dar sus frutos: los comercios de Sants sufren estas últimas semanas un auténtico asedio y son denunciados si vulneran la normativa que establece que la señalización y los documentos con las características de los productos que se ofrecen estén redactados, «como mínimo», en catalán.

Los avisos de multa que preceden a la sanción indican en su encabezamiento que su origen es la denuncia de un ciudadano, pero los perjudicados se muestran escépticos y atribuyen lo sucedido a una campaña del Consistorio en toda regla. De hecho, en el pleno extraordinario del distrito de Sants-Montjuïc del pasado 22 de enero, el grupo municipal del PP denunciaba que se hubieran multado hasta esa fecha a 62 tiendas en Barcelona. Asimismo, el líder popular, Alberto Fernández Díaz, criticaba entonces que el Ayuntamiento barcelonés se erigiera en «comisario lingüístico» de los comercios tras aprobarse la propuesta de incrementar el control en la aplicación de la normativa lingüística sobre locales de negocio.

«La persecución lingüística del castellano en Barcelona que ejemplifican las sanciones a establecimientos por rotular sólo en castellano demuestra la imposición lingüística del gobierno municipal», indicaba Fernández Díaz. Se da la circunstancia de que el PP se quedó solo en su denuncia, ya que el seguimiento sobre la aplicación de los postulados de la Ley de Política Lingüística contó con la aprobación de los grupos de PSC, ICV, ERC y CiU.

Los populares siempre han defendido la «libertad de elección» para escoger en cuál de las dos lenguas oficiales de Cataluña quieren expresarse los comerciantes, «sin imposiciones» y con «absoluta normalidad». Fernández Díaz lamenta que el Ayuntamiento siga más pendiente de fomentar el «control lingüístico» que de potenciar el pequeño y mediano comercio de Sants.

La realidad demuestra que entre los comerciantes sí ha cundido la voz de alarma. Mientras algunos ya han recibido una primera advertencia para que desistan en sus pretensiones de anunciarse en castellano, otros se espabilan para rectificar y evitar que sus nombres se incluyan en listas negras que a la larga puedan generar en posibles sanciones.

El empresario Germán Giménez, vecino de Sant Boi de Llobregat pero con negocio en Sants desde la década de los 50, es uno de los últimos que ha recibido una amonestación pública y por escrito de la Agència Catalana del Consum (organismo de la Generalitat encargado de tramitar las denuncias que recibe del Ayuntamiento o de particulares y de imponer las sanciones) en la que se le conmina a que en el plazo máximo de «dos meses» se adecue a la normativa vigente sobre usos lingüísticos en la actividad comercial. De lo contrario, la Administración advierte de que iniciará «las actuaciones necesarias para corregir la infracción en materia de consumo y disciplina de mercado».

Giménez no da crédito a la carta recibida, si bien tampoco le extraña, porque el suyo no es el primer caso que conoce. Su establecimiento se anuncia como Fincas Giménez -rótulo luminoso incluido- y en las vidrieras del negocio expone, también en castellano, todos los servicios que ofrece. Por el momento, asegura que no piensa mover un dedo y esperará a recibir la sanción para determinar si la recurre y va a los tribunales: «Me cueste lo que me cueste».

A este empresario le parece «inaudito» que se le pueda considerar un delincuente por rotular su negocio en una lengua oficial de Cataluña, máxime cuando a lo largo de los años no ha provocado ni padecido ningún tipo de conflicto. «Estoy dispuesto a irme fuera de Cataluña antes de cumplir con esa normativa», advierte Giménez. Al igual que él, Fausto Rodríguez, propietario de un taller mecánico próximo al negocio de Giménez, también ha recibido la misma advertencia, pero ya se ha informado sobre el coste que le puede generar el cambio. «Poner el rótulo en catalán me va a suponer un gasto de 130 euros, probablemente mucho menos que el importe de la sanción, que me podría llegar en menos de dos meses», indica.

El dueño de otro negocio cercano, también un taller mecánico, ya se ha dirigido a su gestor para que le asesore en caso de incumplir la normativa. Muchos comerciantes alegan que, si juntos se amotinaran, igual conseguían cambiar algo. El problema es que la mayoría desiste en el intento. La cerrajería Código ha decidido retirar, sin advertencia previa, el cartel que anunciaba en castellano sus servicios. Por el momento lo guardan en su interior para proceder a traducirlo al catalán en breve y volver a colgarlo en el exterior, ya sin miedo a recibir represalias.

Una advertencia para recordar cuál es «la lengua propia de Cataluña»

BARCELONA.- «Le recordamos la necesidad de cumplir todos aquellos requisitos legales que afectan a su actividad comercial». Esta es una de las frases que en tono amenazador conforman el cuerpo de la carta que la Agència Catalana del Consum está remitiendo estos días a diversos comerciantes del barrio de Sants para advertirles de la obligatoriedad de cumplir con la normativa que insta a rotular los negocios «al menos» en catalán.

El escrito recibido por el administrador de fincas Germán Giménez y tantos otros comerciantes en su misma situación -al frente de un negocio rotulado íntegramente en castellano desde hace décadas- ad vierte de que «el incumplimiento de esta normativa constituye una infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios» y recuerda que «de acuerdo con el Estatuto» y «el artículo 2 de la ley 1/1998» de Política Lingüística, «la lengua propia de Cataluña es el catalán».

A Giménez, imposiciones «en toda regla» como las que esgrime la carta emitida por la Agència del Consum le impulsan a no cumplir la ley porque no puede entender que por un asunto puramente lingüístico se quiera entorpecer la actividad comercial de gente que lleva tantos años en la brecha. El lo tiene claro y dice que no piensa claudicar, por lo que luchará hasta la extenuación para que la sanción no se ejecute o, como mínimo, el mal sea menor, es decir, que le dejen rotular «tanto en catalán como en castellano», en virtud del bilingüismo que tanto se practica en las calles de Sants.

Giménez también denuncia que en la Administración todo sean obstáculos para encontrar un impreso o proceder a una gestión en castellano. «Vas al registro y no encuentras impresos en castellano para realizar una determinada gestión. Todos los documentos que recibes están escritos en catalán e incluso las veces que he querido tramitar una solicitud en castellano, siempre he recibido la respuesta en catalán